Santa Fe o el error del desarme civil

Santa Fe o el error del desarme civil 

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Allá por octubre de 2014 a José Corral se ocurre la “genialidad” de prohibir la venta de armas legales y munición en Santa Fe para tratar de combatir la ola de violencia criminal que crecía en la ciudad y en la provincia. Sin dudarlo y siguiendo al pie de la letra el manual desarmista esgrimido por ONGs turbias se las agarró con los legítimos usuarios. Es decir, buscando tapar los errores políticos que no han resuelto los problemas profundos detrás del crimen imperante, se cargó derechos individuales sin más fundamento que las opiniones experimentales de un grupito de asesores con una agenda oculta a quienes la seguridad de las personas de a pie le importan bien poco. Ojo que no estaba solo. En ese safari en el zoológico, si se me permite la irónica analogía, lo acompañó mediáticamente y a todo trapo el ex “gobernador” de la Pcia de Buenos Aires Daniel Scioli y Marcelo “Oso” Diaz por nombrar algunos de los más rimbombantes entre los progres que levantaron el dedito acusador criminalizando a toda aquella persona que tuviera un arma legal salvo, eso si, a la custodia armada policial que viene con el cargo que ocupan.
El crimen no sólo no disminuyó, probando por enésima vez que la culpa no es de los estigmatizados legítimos usuarios, sino que en los primeros días del mes de marzo de este año nos enteramos que en Sante Fe una investigación reveló que se encontraron más de 600 armas ilegales en distintas dependencias policiales. No era que el problema estaba en las casas de los usuarios registrados? Que las armerias eran mercados negros de armas? El problema eran los civiles que practican tiro?
Si sumamos este escándalo al afano del material militar cuando Rossi era ministro (miles de municiones y hasta un misil…) y a las 400 armas entregadas para su destrucción al RENAR que desaparecieron, entre otros ejemplos, nos va dando un perfil más o menos de por dónde viene la mano.
Toda política de desarme civil, más allá de atentar contra las libertades individuales de las personas, busca esconder los problemas que los políticos sin formación no resuelven por diferentes cuestiones.
Que 600 armas ilegales hayan estado en dependencias policiales es otro ejemplo más que demuestra por enésima ves que:
1. El problema de la violencia armada no es culpa de los legítimos usuarios.
2. Las políticas para combatir las armas ilegales están mal enfocadas y vulneran derechos de las personas dentro de la ley, más allá de estigmatizarlos y atacarlos.
3. Gran parte de las instituciones encargadas de proteger a la sociedad se encuentran comprometidas transformándose así en fuerzas que oprimen al individuo.
4. Por lo anterior, existe un uso político de dicha corrupción institucional que deja indefenso al individuo frente a lo peor de la realidad e incluso criminaliza la posibilidad de legítima defensa dejando a las personas como víctimas indefensas frente a lo que el gobierno no puede controlar.

GUSTAVO RUBIO

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