El desarme civil aumenta los impuestos
Por Gustavo Rubio para Decilo Fuerte
Uno de los roles del Estado es el proporcionar seguridad en la sociedad y brindar justicia. Dicha seguridad se da cuando la eficiencia del gobierno de turno permite la prevención de hechos en la sociedad que pongan en peligro la vida y bienes de los ciudadanos, dentro del marco de la ley. Para ello, el Estado tiene como herramienta las fuerzas de seguridad en todos sus niveles organizativos, que asisten para asegurar la convivencia entre los miembros de un estado cuando el pacto constitucional que los aglutina se rompe de alguna manera. Prevención y castigo, siempre dentro de las libertades, derechos y garantías constitucionales.
Para mantener de manera efectiva y eficiente esta herramienta, el Estado necesita invertir en una organización parte de sus fondos, los cuales salen de los impuestos que pagan los contribuyentes y que los funcionarios deben administrar. En lenguaje simple: el ciudadano paga por su seguridad (nada es gratis) Ahora bien, las políticas de desarme civil implican que los ciudadanos deben pagar cada vez más impuestos por su seguridad ya que a medida que se le restringe el derecho a la defensa a los individuos, el estado está obligado moral y legalmente a tratar de protegerlo y necesariamente deberá sumar más recursos ya que se “estatiza” un derecho que pertenecía a una primera instancia privada.
La formación (estudios, material de estudios, docentes, instalaciones etc), el entrenamiento (material de trabajo, municion, entrenadores, instalaciones etc) el equipamiento personal (calzado, chalecos, uniforme, etc) , los materiales de trabajo(móviles, computadoras, armamento, etc), su sueldo y adicionales (cargas sociales y previsionales, horas extras, viaticos etc) y variables como insumos, combustibles, etc tienen un costo que va aumentado dependiendo de la economía del momento y sacar a la calle a un policía significa que parte de lo recaudado en impuestos se destine a esa labor. Si sumamos más policías, esos recursos serán pedidos al esfuerzo del bolsillo del ciudadano, en especial del trabajador privado.
Frente a los hechos criminales de los últimos años, la política imperante y repetitiva, fue la de desarmar a la ciudadanía respetuosa de la ley y agregar más personal policial como si él sólo hecho de sumar números, disminuyera los delitos y crímenes de manera mágica. No solo no sucedió eso, sino que el crimen siguió en aumento y está mal visto que el ciudadano se defienda de una agresión. Basta con ver las noticias en la última semana.
Pero el problema de la sobreabundancia de policía no sólo radica en los altos costos para el bolsillo asfixiado de ciudadano y va más allá de la capacitación de la fuerza. El problema radica en que a mayor cantidad de miembros de la fuerza policial, más fácil es para los grupos de mafias enquistadas poder pasar inadvertidas y multiplicarse. Y es así que el Estado ha ido alimentando a la bestia en pos de políticas facilistas y de propaganda política. Agregando mas manzanas al cajón, no se eliman las que está podridas.
A mayor cantidad de policías, impuestos más altos para poder mantenerlos de manera efectiva. Todo esto siguiendo la lógica de una administración acorde y sin corrupción. Sobran los ejemplos nefastos de la mala administración de los recursos públicos. En el caso de la seguridad, la mala administración se traduce en muertes de oficiales de policía por falta de equipamiento y capacitación, corrupción institucional debido a los magros sueldos y la falta de apoyo y reconocimiento de sus tareas, que derivan en muerte de ciudadanos.
Por el contrario, si el Estado desoyera las consignas turbias y a favor del narcoestado que le imponen los desarmistas, vería que dejando de lado el desarme del ciudadano que está dentro de la ley, no sólo disminuirán los crímenes y delitos, sino que se podría combatir eficientemente y de manera rápida, las mafias policiales. Es más, los legitimos usuarios no sólo tienen un costo cero para el Estado (se pagan sus municiones, cursos, entrenamiento, etc) sino que aportan a las arcas con los trámites y gravámenes del sector.
El gobierno debe respetar la libertad de elección que tienen los individuos al momento de decidir cómo eligen defenderse en primera instancia y confiar más en su criterio. Ningún individuo respetuoso de la ley intentará ejercer funciones como la de la justicia por ejemplo. Al fin y al cabo, el gobierno, los legisladores y los jueces están ahí, gracias a la opción que tomaron los ciudadanos de vivir en una democracia republicana. Si pudieron hacer eso, y pueden elegir representantes que organicen la vida cotidiana, bien pueden defender su vida y sus derechos hasta que llegue el Estado en su auxilio y sin costarle un peso extra a los demás ciudadanos
Decilo FUERTE 