La legalidad y legitimidad en las armas

La legalidad y legitimidad en las armas
Por Gustavo Rubio
Los terribles hechos llevados a cabo por el tirador de Las Vegas durante el recital country a los pies del hotel Mandalay parecieran haber salido de la una planificación sesuda y milimétrica de los grupos desarmistas norteamericanos. En una semana en donde el Distrito de Columbia había perdido una apelación contra la portación en ese estado, el “Acta de protección Auditiva” avanzaba en el Congreso (quitará trabas y formularios para los supresores) y la Ley de Reciprocidad (que permitiría la portación en todo el territorio estadounidense si el estado originario del portador así lo permite) la aberración cometida por ese monstruo sirvió para darle de comer a los hoplofóbicos con agenda política. Es así que Hillary Clinton, en medio del desconcierto de ese ataque, no solo saludó brevemente a las familias de las victimas, sino que aprovechó para llevar agua a su molino político explayándose extensamente acerca de los supresores de sonido…
Pero esa avivada de los desarmistas que nos tiene tan acostumbrados también tuvo su reflejo en nuestro país. La dirección del Ex Renar recorrió canales y radios concediendo entrevistas que alimentaban la soberbia del ignorante. Minutos y programas se llenaron de opinadores seriales que encaran el problema desde la subjetividad y el oscurantismo. El mantra de la hoplobia política se repitió con la velocidad de la mentira.
Es así que esas lamentables 52 víctimas por armas de fuego pasaron a ser las únicas e incluso más importantes que las 82 victimas españolas del auto que se subió a peatonal, de las 80 victimas francesas de los ataques con fusiles en un país en donde las armas están prácticamente prohibidas. Del famoso 11 de septiembre ni se acordaron. Se ve que el fanatismo del desarmista ve, en su patología, a las armas no solo como elementos peligrosos sino como mágicos ejecutores independientes de la voluntad de quien la empuña.
Se habló mucho, se mintió más y se trató de hacer lobby sobre los cadáveres del recital de música country tratando de deslegitimar la tenencia responsable de armas de fuego por parte de los ciudadanos.
A raíz de esto, me encontré con un escrito del psicólogo español  Oscar Castillero Mimenza en el cual el académico hace un análisis interesante sobre lo legal y lo legítimo.
Debemos partir de la base, para entender al ser humano, que vivimos en sociedad y ésta debe organizarse de manera que los diferentes individuos que la conforman puedan convivir en paz. Y es así que partiendo de las normas sociales llegamos a las leyes, marco de actuación para permitir un funcionamiento social eficaz manteniendo la existencia de una sociedad justa e igualitaria (equitativa). Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que las leyes no se aplican de igual forma a todas las personas o directamente se ignoran los derechos básicos de los ciudadanos. De este modo, podemos apreciar que lo legal a veces deja de lado lo justo.
Para empezar debemos definir lo legal, lo cual sería todo aquello que es refrendado y permitido por ley, definido por el gobierno y el aparato legislativo del Estado y nos concede libertades y derechos, así como también obligaciones y límites para garantizar una sana convivencia. Si bien se sustenta en la moralidad y en los precedentes, para que algo sea legal es suficiente con que el poder legislativo decida permitirlo independientemente de su propósito, tratándose de un concepto únicamente jurídico. Es así que las conductas y situaciones que no cumplan con esas leyes serán consideradas ilegales y, por lo tanto, sancionadas. A su vez para que algo sea considerado ilegal, debe estar directamente prohibidas por la ley o bien suponer el desacato de la legalidad vigente independientemente si ese incumplimiento de la ley pueda ser debido a factores que moralmente pueden parecer justos, simple desconocimiento. Sin embargo, existen conductas y situaciones que no son contempladas por la ley, estando en una situación en que ni están prohibidas ni rompen ninguna ley ya existente. Es lo que ocurre con los llamados “agujeros legales”, situaciones que no están contempladas en la ley. En estos casos se permite la libertad de acción a menos que se produzca un perjuicio a otras personas o a la sociedad en su conjunto.
Por otro lado debemos definir también lo legitimo. Podemos partir que el acto legítimo es el que está de acuerdo con la ley pero la legitimidad requiere un aspecto que no se limita a la mera legalidad.
El término legítimo hace referencia a la idea de que hay justicia y razón en la realización de dicho acto. No se trata solo de que algo sea aprobado por el Estado, sino que la ley o norma legítima permite proporcionar a cada sujeto lo que le corresponde. Dicho de otro modo, lo legítimo requiere que se lo considere como algo moral y ético, siendo un concepto jurídico y moral al mismo tiempo. Es así que podemos decir que la legitimidad no proviene de ninguna institución legislativa, sino de la aceptación y consenso por parte de la comunidad de dicha acción. La legitimidad confiere autoridad y permite que se respete el acto, norma o situación que es considerada como tal.
Teniendo en cuanta los conceptos anteriores las diferencias entre lo legal y lo legítimo se hacen evidentes. Una de ellas es la implicación de la ética y la moral en cada uno de los conceptos. Si bien lo legal tiende a hacerse pensando en conseguir una convivencia sana y justa pueden promulgarse leyes basadas en intereses personales o con propósitos contrarios al bienestar de parte de la población independientemente de cómo sean percibidas, siempre y cuando quien ostenta el poder así lo decida. Tal es el caso de los psicofísicos monopólicos de la empresa Dienst Consulting otorgados por el ANMAC con las resoluciones de este 2017. Dicha norma, partiendo de un supuesto problema, perjudica a parte de la población. Podría ser legal (en lo personal creo que no tiene sustento legal alguno) pero carece de legitimidad ya que todo el proceso está cuestionado ética y moralmente.
A su vez, debemos de tener en cuenta que la ley establece un marco para todos los ciudadanos independientemente de sus opiniones al respecto. Sin embargo, cada persona tiene su propia idiosincrasia y sus propias ideas de lo que es o no es válido. Por ello, lo que para uno es legítimo para otra persona puede suponer una aberración. Que algo sea legítimo o no dependerá pues de la subjetividad de la persona que lo observe, si bien por lo general al hablar de legitimidad se suele hablar del nivel en que algo es considerado por el conjunto de la población. Esto se ve claramente en la constante objeción que existe en un grupo social por prohibir que otros actores sociales posean armas de fuego apelando a la subjetividad y no a la ley para definir su postura.
Una de las principales diferencias entre lo legal y lo legítimo la podemos encontrar en su procedencia. Mientras que lo legal supone únicamente que se ha llegado a un compromiso institucional que se aplica a la población, independientemente de que algo sea legítimo, implica que sería considerado como justo por parte de la mayoría. Y es aquí en donde las leyes deben pasar por el tamiz del poder judicial para comprobar que dicho marco no perjudique derechos de minorías, sabiendo que la minoría primaria en una sociedad democrática y republicana es el individuo. Una ley creada a partir de una base subjetiva de una situación o hecho no puede perjudicar los derechos individuales.
Las diferentes leyes existentes son creadas, promulgadas, modificadas e incluso suprimidas constantemente, según la ideología gobernante y las situaciones socioculturales e históricas reinantes. De esta forma lo que es legal e ilegal es claramente modificable, a pesar de que supone un trámite que puede conllevar un período de tiempo más o menos prolongado.
Por el contrario la legitimidad, al depender de la valoración moral de la sociedad, es difícilmente cambiable. Si bien es posible cambiar la mentalidad de la comunidad respecto a temas concretos y su consideración moral, dichos cambios suponen un lento proceso de conversión de las actitudes ante esos aspectos concretos que no siempre terminarán legitimando una ley. Si se quieren prohibir las armas legales, más allá de las consecuencias nefastas que esto tendría corto y largo plazo, sería imposible legitimar dicha ley ya que una parte grande de la sociedad ve esto moralmente y éticamente cuestionable.
Lo legal y lo legítimo también pueden diferir en cómo se observan unos hechos concretos. Si bien lo legal tiene en cuenta que existen circunstancias atenuantes o agravantes, si una acción concreta es tipificada como delito va a ser considerada ilegal. Sin embargo, aún si bien la acción puede ser ilegal puede ser considerada legítima si existe una razón lógica para su comisión. Pasa diariamente con los hechos en los cuales las víctimas de delitos se defienden de su agresor provocándoles un daño o incluso con la muerte del agresor. El debate de la legitima defensa y la justicia por mano propia entran en juego. Muchos confunden (adrede en varios medios) la ley con la legitimidad y el hecho en si, en el caso que el agresor terminase muerto, la cosa se hace mas virulenta. Para la ley es un homicidio  (un hecho ilegal) y si se determina si fue en defensa legítima, no tendría mayores consecuencias que la de la pobre victima que debe cargar con la muerte de una persona.. Al confundir los tantos, por simple ignorancia o por una agenda política, se confunde lo que es legitimo y lo que es legal y se apela a la subjetividad y no a la objetividad del marco que permite una convivencia sana pasando de esta manera a cuestionar a la victima por haber defendido su derecho a la vida. Ni hablemos de actividades conservacionistas como la caza o actividades deportivas de tiro en las cuales se las ataca como promotoras de la violencia social, siendo que son perfectamente legales y legitimas.
Ahora bien, si las leyes resultan legítimas para el conjunto de la sociedad, por norma general van a ser bien aceptadas y seguidas. Sin embargo, si una ley o el modo en que es aplicada se percibe como contraria o coarta la libertad personal, será vista como ilegítima. Ello puede provocar que muchas personas presenten reacciones de frustración, rabia y enojo que les conduzcan a contravenir la norma. Este es un aspecto en que legal y legítimo también se diferencian: si lo legal es considerado injusto va a tender a generar reactancia mientras que lo legítimo no suele hacerlo o al menos no en la misma medida, dado a que es considerado justo. Para los desarmistas, que un ciudadano posea armas legales y esto sea legitimo produce frustración y enojo, ya que sustenta la concepción de un estado en donde los individuos gozan de libertad y deben responder por sus actos muy alejado del concepto paternalista y dependiente del poder de turno.
Otro aspecto a tener en cuenta que diferencia lo legal de lo legítimo es el contexto en el cual se aplica. Cada territorio, cada país, posee diferentes leyes dependiendo de las circunstancias socioculturales y el tipo de pensamiento detrás del poder al mando, e incluso de cómo se haya conseguido o mantenido dicho poder. De este modo, lo que es legal en un país puede ser ilegal en otro. Sin embargo, la legitimidad tiene un contexto de aplicación más expandido. Un hecho puede ser ilegal en un sitio pero legal en los demás, pero puede valorarse si es legítimo o no desde cualquier lugar del mundo. Sobran los ejemplos culturales al respecto y si enfocamos en el tema armas, vemos que el uso responsable de estas ha salvado muchas mas vidas de las que ha quitado. Si el uso fuese ilegitimo, las fuerzas de seguridad o los custodios de los funcionarios y políticos no las usarían.
Si bien las leyes suelen crearse con la intención de ser legítimas, y de hecho el hecho de ser leyes las invisten de cierto nivel de legitimidad, su aplicación e incluso el propósito con el que algunas son creadas puede no serlo.  Esto cobra énfasis aun analizando muy por arriba solo tres cosas: la ley de armas de Argentina con sus arbitrarios artículos como ser el hecho que al legitimo usuario de armas se le prohíbe directamente poseer cierto tipo de arma semiautomática o calibre sin más justificaciones que las ganas que tenían lo funcionarios de ese momento de hacerlo.  O si analizamos los requisitos y normas del ANMAC que por ejemplo llevan a la ilegalidad a un legítimo usuario que no pueda pagar un examen psicofísico privado exigido por el ente. O nefasto el artículo 189 bis del Código Penal que todavía hoy pone al mismo nivel a un delincuente que a un tenedor legal de armas.
Es momento de comenzar a actuar como verdaderos ciudadanos de una democracia republicana, respetar derechos individuales y que el gobierno apoye y promueva el uso legal de armas porque la legitimidad de las mismas es parte de nuestra historia y sociedad. Julio Bárbaro, a ser preguntado al respecto dijo por televisión que “Hay que dejar de ser sectarios. Si alguien quiere tener un arma (legal) no se le puede imponer no hacerlo”
Me parece que ahí está el tema. La libertad implica cierto riesgo pero ese riesgo se minimiza con educación. El desarme civil, la persecución a los legitimos usuarios a la que estamos asistiendo, las políticas que está llevando adelante el ANMAC, por lo expuesto anteriormente, no sólo es ilegitimo sino que toca lo ilegal.

 

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