Al ANMAC no le cierran los números

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Al ANMAC no le cierran los números
Por Gustavo Rubio

Hemos asistido, en los últimos días, a la hecatombe advertida por los legítimos usuarios y que el gobierno de turno insistió en desoir: el nefasto ente ANMAC, Ex RENAR, no sólo se tambalea y se cae por el peso sus propios errores de atacar empecinadamente y sin fundamento a los derechos individuales sino que torpedea al Gobierno Nacional via, cuando no en Argentina, el Ministerio de Justicia del cual forma parte a través de una ley amañada y basada en mentiras que le proveen de funciones impropias e ilegitimas.
La manipulación de datos y un discurso subjetivo y de desprestigio no son exclusivos de la desplazada dirección del ANMAC sino que también son las herramientas principales con las que las ONGS desarmistas (muy turbias de por si) como la Red Argentina para el Desarme o INECIP, por nombrar algunas, salen a tratar de justificar su improductiva existencia y su discurso antirrepublicano. Inmersos en su endogámico palabrerío delirante pierden la objetividad con la que deberían encarar sus planteos si realmente estuvieran preocupados por el común de la ciudadanía y sus derechos y es así que, en su febril entelequia de autocomplacencia y pretextos, se olvidan de algo fundamental: los fríos números.
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A marzo del 2018, la ex directora del ANMAC, afirmaba en medios afines que la cantidad de legítimos usuarios en Argentina superaba el millón de personas, cifra que también manejaron muchos funcionarios de jerarquía en sus salidas mediáticas. Pero hacia mayo de este año la Jefatura de Gabinete, declaraba oficialmente también que en el total del país habían 638.610 usuarios legítimos particulares (si sumamos a las FFSS/FFAA y funcionarios serían 780.719) ¿Qué pasó con esos 400.000 usuarios de diferencia de los que hablaban cuarenta días antes?¿Existieron alguna vez?¿O fueron abducidos por extraterrestres en abril?
Pero la cosa no termina ahí, si analizamos las cifras elevadas por el Jefe de Gabinete, nos encontramos con que de los 638.610 usuarios individuales sólo 251.307 están vigentes, quedando 387.303 usuarios con la credencial vencidas. Después de dos años y monedas de la gestión Gambaro más de la mitad de los legítimos usuarios no renovaron sus credenciales a mayo del 2018 quedando fuera de la ley. Dicho en otras palabras, la ANMAC no solo no facilitó la reinserción de esos usuarios al circuito legal sino que dificultó el acceso a la legalidad al seguir al pie de la letra los consejos del manual de desarme de las ONGs que asesoran en las sombras a muchos funcionarios del Estado y que fueron propuestos en las atribuciones del ANMAC sin haber convocado a los legítimos usuarios como los obliga la ley 26.216. Es decir, por quedar bien con un grupito de lobistas con algo de palanca para políticos mezquinos que necesitan chapa, dejó y empujó fuera de la ley a decenas de miles de argentinos que desean estar dentro de la ley.
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A su vez se conocieron en los Boletines de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación expuestos por la Asociación Civil Luchemos por la Vida desde el año 2000 al 2015. En ese gráfico podemos apreciar la evolución de muertes por causas externas discriminadas por mecanismo y si seguimos el progreso a lo largo de los años, nos encontramos con algo muy particular: La cantidad de muertes por armas de fuego en Argentina venia en una curva de descenso hasta el 2004, año en que se crea la Red Argentina para el Desarme y comienza la política de no otorgar portación a civiles. A partir del 2004 y las politicas desarmistas que incluyen el Plan Entrega Voluntaria de Armas, las muertes por arma de fuego no han seguido la curva descente sino que se mantienen en un promedio de 2300 muertes al año incrementándose gradualmente en los últimos años. Para resumir: el desarme civil no ayudó a seguir la curva de descenso de muertes que había a principio de siglo sino que la estabilizó y la está elevando… ¿Por que?¿A quienes resulta funcional esto?
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Es más, para destruir el discurso desarmista esgrimido por el Ministro de Justicia, el de la desplazada Directora del ANMAC y el de los políticos con discurso políticamente correcto, los números le siguen jugando en contra a la movida antirrepublicana. En esos mismo boletines se deja bien en claro que el porcentaje de muertes por causas externas usando armas de fuego solo alcanzan a un total de 16% del total, por debajo de las armas blancas y muy lejos de los accidentes vehiculares.
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Ahora bien, ¿ese 16% tuvieron como herramienta armas legales o ilegales? Como ejemplo de esto podemos aprovechar a analizar el caso de los femicidios, bandera progresista y oportunista elevada por la RAD, INECIP e incluso el ANMAC para sugerir e implementar políticas tribuneras. Si tomamos el informe oficial sobre femicidios hechos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  nos encontramos con que de los 77 femicidios con arma de fuego ocurridos en el 2017, sólo 2 fueron llevados a cabo con armas registras legalmente. Un 3% contra el 15% que usaron armas reglamentarias de las FFSS/FFAA. Es decir el 0.0003% han cometido un femicidio con su arma registrada. Contundente e irrefutable. Relacionar el femicidio con la tenencia legal o portación legal de armas es una burda y flagrante mentira mensurable fácilmente y desacreditada categóricamente por cifras oficiales.
O sea, que el discurso oficial del Ministerio de Justica a través de las políticas del ExRENAR, sus numerosos cursos y talleres ( habria que revisar los numeros de los costos y la legitimidad de los mismos), sus acuerdos con intendentes y gobernadores con resoluciones que lindan con resquebrajar el estado de derecho, y tantas discursos mediáticos ESTÄN BASADOS EN MENTIRAS. Los números no acompañan al desarme civil, las cifras dejan en claro que el desarme civil es una mentira.
¿Será por esta evidencia irrefutable que desplazaron a Gambaro del ANMAC? ¿O fue otra cosa?¿Podrá ser por las denuncias por Dienst Consulting SA? ¿La causa Coto?
Unos días atrás se hizo público el pedido de informes al Congreso llevado a cabo por diputados de la Coalición Cívica acerca de los negociados e irregularidades en el ANMAC denunciados por legítimos usuarios. Los Diputados Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Lucila Lehman, Alicia Terada, Javier Campos y “Toty” Flores hicieron lugar a los emails envidados en su momento haciéndose eco del pedido de investigación de la licitación con Dienst Consulting SA marcando, incluso en el pedido oficial, algunas de las tantas anomalías.
Frente esta noticia se comenzó tal movida que incluso Clarín publicó una nota en la cual dejaba ver la relación posible entre Moyano y el ANMAC pero que levantó al poco tiempo para dar lugar, el domingo a la noche, a una nota descargo por parte de la ex directora del ANMAC en la cual no negaba su salida del puesto alegando pre acuerdos sobre “ciclos terminados” sino que aprovechó para  tratar de justificar el adefesio ANMAC/Dienst admitiendo espionaje interno e indilgando a un médico de gendarmería la emisión de muchos certificados. Exponiendo el DNI del miembro de Gendarmeria y sin ningún reparo, puso en duda la honorabilidad y trayectoria del profesional quien, entre otras cosas, participó como perito de la autopsia del caso Maldonado. Lo que no quedó en claro fue si lo denunció a la justicia porque si nos ponemos a pensar, los abogados de la familia Maldonado no hubiesen admitido la intervención de un perito procesado y si no los hizo, ¿en qué estuvo estos dos años entonces?
Lo cierto es que la ex directora tenía todos los números para ganarse un cambio de puesto elegante. Como se puede ver, la nebulosa que rodea al ANMAC se hace cada vez más espesa, más turbia y más en sintonía con las ONGs desarmistas que operan en el gobierno. Solo esperemos que a quien se designe al frente de la Agencia, sea un persona con ética, honorabilidad e idoneidad en el tema y cargo que ocupa, que use el sentido común y que no le haga daño al país como se lo hizo hasta ahora. En síntesis, alguien serio.

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