Microagresiones estatales
Por Gustavo Said Rubio
Hacia el final del breve y nefasto paso de Natalia Gambaro al frente del ANMAC – aplicando a rajatabla medidas desarmistas en resoluciones y políticas de la ex agencia registral – nos encontramos con que empujó, por lo menos, a más de 300.000 legítimos usuarios fuera del sistema legal y dejó una bomba de tiempo de por lo menos 7.000 millones de pesos a favor la denunciada empresa Dienst Consulting si el nuevo director osara reveer y anular la licitación adjudicada a la denunciada empresa que estaría relacionada al sindicato de camioneros. Completito el trabajo de la doctora, muchas puntadas y muchos hilos.
Los lineamientos dictados por ONGs turbias y por deplorables personajes que se arrastran por los pasillos de Casa Rosada y el Congreso justificando su nicho vienen arrastrando a la Argentina a un colapso del entramado social como nunca antes se vió por estas latitudes. Los grupos desarmistas mentirosos, inescrupulosos y mediáticos siguen asesorando al gobierno, en este caso a Cambiemos, asegurando que las políticas – que les brindan a ellos beneficios varios – se mantengan firmes, sean mostradas como políticamente viables y de ayuda a la sociedad. Esas funestas estrategias de desarme civil no sólo son responsables de un ataque moral, inconstitucional y económico a los ciudadanos de la República Argentina sino que tienen una consecuencia directa, un lado más práctico si se quiere: la sociedad queda eternamente a merced de los más violentos y de quienes abusan de algún poder público escondiéndose en gambetas legales para obtener privilegios por sobre los demás habitantes del país.
Día a día, mucho más a menudo últimamente, asistimos como testigos a tomas por la fuerza de edificios públicos, piquetes violentos que cortan arterias de transito importantes, copamientos varios, aprietes barras y sindicales (muchas veces muy difíciles de diferenciar entre sí) Por rachas escuchamos de entraderas violentas, robos armados al voleo, agresiones a jubilados, robos seguido de asesinato. Mafias enquistadas en organismos estatales. Secuestros y narcos. Tiroteos a sedes judiciales y bandas pesadas integradas por jueces, criminales y policías. Y solo por nombrar las que son más dolorosamente coloridas y agresivas ya que tranquilamente podríamos incluir pequeños ataques estatales a ciudadanos en algo tan simple como la imposibilidad de que los hinchas de un club puedan asistir a ver el partido si su equipo juega de visitante porque el estado eligió que es más fácil que se perjudiquen la mayoría de los hinchas pacíficos a investigar, buscar y sancionar a los barras o si la persona maneja una moto debe ponerse un ridículo chaleco de color para no ser considerado motochorro.. .
Pequeñas agresiones estatales, pequeños abusos a la libertades debido al mal concebido y opresor “bien común” (técnicamente, si estamos en una sociedad libre, deberíamos hablar de “bien EN común” aunque esto quedara para otro momento)
En este abanico de criminalidad y políticas erradas que sólo sirven para salvarle el pellejo a los funcionarios responsables , esa famosa sensación de inseguridad, tiene como víctima destinataria al ciudadano de a pie, en general ajeno directamente a ese complejo sistema de ilegalidad e ineficacia, el cual es el eslabón último y más débil de la organización social argentina . El político, juez o cualquier otra persona con una cuota de poder o monetaria está, por el momento, ajeno a esta sensación ya que cuenta con custodia, seguridad o los mecanismos para que sus bienes se encuentren a salvo o puedan ser recuperados sin mayores problemas. Incluso los policías cuentan con la ventaja de poder defenderse con un arma de fuego fuera de su horario de trabajo llegado el caso.
Este tremendo problema dual (delincuentes-criminales y Estado) que ataca al ciudadano tiene como base el concepto, que sigue imperando, de un estado paternalista, de un gobierno que sabe más que las unidades de votos que lo eligen, que puede meterse en absolutamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y que las personas están para obedecer servilmente a la clase política y dirigentes. El famoso Estado Presente como sinónimo de volumen y no de calidad, enorme pero no eficaz. Con atribuciones cada vez mayores y con obligaciones cada vez mas excusables debido a la histórica y endémica cortoplacista “crisis que venimos padeciendo”.
Es en este contexto de eterna crisis de un país con políticos perennes, improductivos y aristocráticos en donde se forma el caldo de cultivo para que quienes no se adaptan a la Constitución Republicana y Democrática vigente comiencen el juego de tirar la cuerda para incendiar el país. Cuando no lo hacen a través de la fuerza, la mentira y una verborragia execrable que luce muy bien en el prime time televisivo, lo llevan a cabo marcando la agenda de lo “políticamente correcto” a través de microagresiones. Pequeños cambios aquí y allá y los derechos individuales van perdiendo su lugar para ser ocupados por los objetivos de una agenda turbia muchas veces . Es de esta manera, por ejemplo, que los periodistas cuestionan, juzgan y condenan sin ningún reparo a quienes se defienden de una agresión ilegitima. Pero no sólo sucede en algo tan trivial como los medios sino que en los pasillos de la Justicia, de las facultades se “confunden” la legítima defensa con justicia por mano propia. Las políticas públicas dejan de lado conceptos básicos en lo referente a las libertades individuales y suman castigos, obstáculos y problemas a quienes están dentro de la ley. Tarea que es ideal para mostrar que se busca hacer algo ya que cazar en un zoológico es fácil. El marketing político y salvador por sobre el derecho de sus votantes.
Estas “microagresiones estatales” bien argentas están presentes en todos los aspectos legales de la vida cotidiana pero se hacen mortalmente letales en lo referente a la tenencia de armas. Desde hace años el estado argentino viene cercenando el derecho a la tenencia de armas legales con la excusa mentirosa de combatir la inseguridad. Hace años que viene cazando en el zoo y como no es políticamente correcto ni conveniente debido a las campañas de turbias ONGs desarmistas, los medios no se hacen eco de lo que viene sucediendo con los derechos de este área. Se viene ignorando las frias e irrefutables cifras públicas y privadas en donde se establece que el porcentaje de legítimos usuarios implicados en algún hecho ilegal es estadísticamente irrelevante y se perpetúa una mentira sin asidero que les deja a un grupo muchos y variados beneficios.
Como bien se sabe, el control de armas legales es control social antidemocrático. Una sociedad en donde sus ciudadanos se pueden defender hasta que el Estado la auxilie es una sociedad fuerte, libre e independiente de los poderosos. Debido a que el control social atenta contra lo más básico de una Constitución Republicana las agresiones estatales suceden en pequeñas etapas, como pasa en el ejemplo del sapo que se cocina en una cacerola que de a poco levanta temperatura. Un trámite nuevo pero pequeño por aquí, un aumento de aranceles por la inflación, la obligatoriedad de contar con un cartoncito pago para comprar municiones en un local habilitado, el engaño marketinero de un ente unificado con una caja suculenta pero que entrega los trámites rápido, armas y calibres prohibidos arbitrariamente porque quien los tenga automáticamente puede sentarse en el sillón de Rivadavia, resoluciones extrañas y complejas para hacer pisar el palito a quienes están dentro de la ley, atribuciones nuevas y creación de una agencia nueva, la imposición de usar determinado tipo de cerradura si se tiene una cierta cantidad de armas, prohibiciones varias debido a casos aislados y sin analizar y un sinfín de pequeñas alteraciones que van esmerilando el derecho a la tenencia y portación legal.
Ahora bien, ¿este avasallamiento de derechos, este sacrificio de vidas y bienes en hechos delictivos violentos por tener regulaciones anti armas legales ha servido de algo?
NO. No ha servido de nada y ha dejado al Estado como un agresor más del individuo.
La inseguridad no sólo no ha disminuido sino que se ha consolidado y hasta ha crecido, ramificándose hasta grados nunca antes vistos. Mafias políticas y policiales, robos violentos, abuso de poder institucional… hasta bandas narcos aun paso de cartelizarse. Y en el medio de todo esto: el ciudadano común que está a merced del abusador que le toque ese día. Para muestra basta con fijarse la payasada que se viene haciendo en Santa Fe…
Esas microagresiones estatales se hacen indiscutibles cuando una banda de violentos toman un lugar porque reclaman algo, o se corta la calle intempestivamente, patotas que apedrean locales, se adueñan de lugares públicos y edificios, la pareja violenta que amenaza a su ex, etc sabiendo que el Estado no va a responder inmediatamente y pueden victimizar a los ciudadanos honestos impunemente y sin castigo porque el Estado, el gobierno mejor dicho, no es omnipresente. Las entraderas, robos agresivos a ancianos, robos a punta de pistola de vehículos y demás delitos y crímenes demuestran que los agresores siempre tienen la iniciativa y la única posibilidad real y verdadera que existe de que la victima tenga alguna chance es que se le respete la libertad de elegir defenderse. Nada más. Un estado republicano debe garantizar y respetar que el ciudadano pueda elegir ejercer su derecho a la autodefensa.
Ahora bien, frente a esta realidad inestable de inseguridad y políticas erradas, que seguramente crecerá cuando las cosas se pongan más complicadas para algunos sectores históricos y actores sociales, ¿qué pasaría si el Estado dejara de atacar a los legitimos usuarios y se pone, con la misma energía a combatir al verdadero problema? ¿qué pasaría con el narcotráfico en Santa fe si se dejaran de lado los consejos de las ONGs desarmistas? ¿Qué sucedería si se volvieran atrás alguna resoluciones que no han tenido éxito y han agravado el problema como la restricción del otorgamiento de portaciones legales a civiles?¿Los violentos podrían atacar vehículos en la calle impunemente o tomar oficinas agresivamente o realizar entraderas facilmente? ¿Habria más o menos golpizas o robos que ahora?¿Las órdenes de restricción de ex parejas violentas se cumplirían y habría menos femicidios?
Seguramente las cosas se solucionarían en poco tiempo como pasó en la República Checa.
Estamos en un momento delicado social e institucionalmente y el gobierno debe pensar de qué lado está: de la gente que quiere vivir en paz y tranquila para salir adelante o de parte quienes buscan la agitación social, la violencia del delito y la opresión al ciudadano. Cambiemos sigue a tiempo para girar hacia el lado de los derechos individuales. Los números indican que los legítimos usuarios no son un peligro para nadie. Está en el gobierno fortalecer esa parte de la sociedad dejando de lado la persecución que viene llevando hasta ahora para poder ocupar esos recursos y el tiempo en donde realmente es necesario: atacar y combatir la inseguridad y el crimen seriamente.
Decilo FUERTE 