Herramientas multiplicadoras de fuerza

Herramientas multiplicadoras de fuerza.
Por Gustavo Rubio

A pesar de la insistencia casi demencial de los de$armistas de atribuirles a las armas propiedades mágicas de voluntad y animación, toda persona más o menos racional sabe que las armas son herramientas. Son objetos innanimados que dependen de la voluntad de la persona para su funcionamiento. Son instrumentos multiplicadores de fuerza: permiten que un anciano puede defenderse de un atacante 30 años menor y mas fuerte, que una mujer de 50 kilos este en igualdad de condiciones que su ex pareja violenta de 120 kilos llegado el caso, que uno se defienda de múltiples atacantes.
Para un ciudadano común, un arma de fuego (más allá del uso deportivo, recreacional o utilitario que le desee dar contemplado en el derecho constitucional que lo asiste) llegado el caso es una posibilidad más que tiene para proteger su vida, la de su familia, su propiedad y libertad hasta que el estado pueda intervenir. Es un igualador de fuerzas que ante una agresión ilegitima, le permite salvar su vida de manera efectiva. Multiplica su voluntad de defenderse. Multiplica su deseo de no ser una víctima indefensa ante la maldad del crimen.
Por otro lado tenemos el caso de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los policías recurren a la fuerza para protegerse a sí mismos y a terceros en una accionar constante que lo exige su existencia y rol. Pero, después de años de populismo, lo que no queda tan claro es si esa fuerza utilizada debe cumplir con los requisitos de la legítima defensa del derecho penal, a utilizar un medio necesario, racional, para repeler el ataque antijurídico, o si en realidad debe utilizar “proporcionalmente” la fuerza a la luz de los estándares requeridos por el “derecho público”.
El policía es un funcionario estatal y dado su rol específico y su entrenamiento (supongamos que se lleve a cabo corresponde para bien del agente primero, y de la sociedad enseguida), no puede ser considerado como cualquier ciudadano al momento de analizar su actuación en el uso de armas. En este sentido, debe cumplir con las exigencias de los compromisos del Estado argentino en materia de derechos humanos bien entendidos. Esto lleva a determinar con mayor precisión las responsabilidades de las fuerzas de seguridad al momento de emplear un arma de fuego, lo que crea un obligación mayor en el accionar estatal. En este sentido, avalar el estándar del uso racional de la fuerza por parte del funcionario policial implica una doble tarea. Por un lado, es necesidad que durante la etapa de capacitación y formación de los funcionarios policiales se haga especial hincapié en el requisito de la racionalidad, algo no menor si queremos funcionarios comprometidos con un uso no abusivo de la fuerza que se enmarque dentro de las exigencias del montón de leyes que tenemos. Por otro, otorgar las herramientas materiales necesarias para llevar una tarea acorde a los estándares fijados.
La situación es como una de las tantas que circulan en internet, captada en un videíto de apenas unos segundos que se propaga por whassap o por sitios de información. En la escena se ve un hombre grande, de unos potentes 140 kilos blandiendo un arma blanca y en un estado de enajenación tal que resulta peligroso para la calle llena de peatones asustados como para el mismo. Enseguida un par de policías (un hombre de mediana estatura y una mujer rubia) se acercan con resolución. Después de varios infructuosos minutos el oficial, al ver que el pobre tipo no respondía a la ordenes de rendición que le proponían y que empezaba escalar la violencia de sus movimientos pero que no representaba una amenaza directa inmediata, le dispara con un taser, un arma electrónica no letal y el violento hombre cae como fulminado por un rayo y es reducido sin problemas por ambos policías sin mayores complicaciones. Sin heridos, sin muertos, solo algunos magullones y el agresor que se puede recuperarf en una institución mental. El “suicidio por policía” (suicide by cop) no pudo ser y el rol principal del brazo armado de la justicia se cumplió: preservar vidas.
Eso sucedió en EEUU, es una escena frecuente de las herramientas con la que cuentan los servidores públicos para realizar su trabajo: el taser. Es considerada un “arma menos letal” y, si bien hay varios modelos, consta de dos diminutos “arpones” con filamentos metálicos a modo de cables que son lanzados hasta unos 10 metros contra el agresor y transmiten una pequeña descarga eléctrica que afecta el sistema motriz periférico y sirve para reducir momentáneamente al atacante al crear un “cortocircuito” en sus funciones motoras. Pasados unos 3 a 5 segundos y dependiendo de la persona, el efecto residual es nulo. No afecta ni a marcapasos, ni a epilépticos aunque el único inconveniente es el golpe que puede sufrir el malhechor. Si lo ponemos en perspectiva, una vez pasada la situación seguro que el tipo ha de preferir un chichón en la frente y no cinco agujeros en pecho.
Acá, en Argentina, desde los sectores que conforman el aparato político de la izquierda anticonstitucional (políticos piqueteros y mediáticos, la Red Argentina para el De$$arme, ONGs asesoras turbias, etc) se cuestiona arbitrariamente el uso de los tasers alegando arbitrariamente su relación con la picana eléctrica, inventada por Lacoste y Celery en 1917. Desde 2010, cuando el gobierno del PRO en CABA, decidió incorporar ese instrumento, las trabas impuestas desde las trincheras de las Organizacione$ de Derecho$ Humano$ llevaron a judicializar el trámite. Incluso cuando en 2016 la Corte Suprema autorizó su compra y avaló su uso, la incorporación que realizará la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich es considerada por los periodistas con agenda propia y las ONG$ turbias como el precursor de un “Estado Picana”
En su creación, se describió al instrumento como “dicha picana consta de dos púas que han sido construidas teniendo en cuenta que no deben penetrar en el cuero del animal y por las que atraviesa una corriente eléctrica, lo suficientemente fuerte para hacerle experimentar, al ser tocado con ella, una conmoción que se traduce en actividad” Técnicamente todo lo contrario a lo que sucede con los tasers que sin embargo, la búsqueda antirrepublicana de relacionar ambos instrumentos tan disímiles está encadenado al uso distorsinado que se dio a la picana décadas más tarde de su invención como instrumento de tortura en algunos momentos históricos por la policía y el ejército en Argentina y en algunos países de Sudamérica. Se cree que fue Polo Lugones, hijo de Leopoldo Lugones y jefe de policía durante la dictadura de José Félix Uriburu, quien la introdujo como método de tormento; fue ampliamente utilizada por los grupos de tareas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura militar que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983. Cabe destacar que la picana eléctrica, como elemento de tortura, fue extensamente aplicada durante los gobiernos del general Perón (se ve que aprendió por su participación en el golpe de Uriburo en septiembre del 30), entre otros por el comisario Lombilla, los hermanos Cardoso y otros funcionarios de dicho gobierno (según Kocik, Ariel (7 de marzo de 2010). «Las “mazmorras” de Pettinato, premiadas por Kirchner».)
Hoy en día, a diferencia del mundo, en Argentina los grupúsculos desarmistas buscan seguir controlando al gobierno y a la gente a través de la desinformación y el miedo. Los tasers no pueden ser usados como picanas por más torturador que sea su operario, ni causan los mismos efectos en el cuerpo ni técnicamente son similares pero quienes abogan por el bienestar de los que están fuera de la ley se encargan una y otra vez de embarrar la cancha llevando agua para su molino y dejando morir de sed a las personas dentro de la ley.  ​
Los tasers, como las armas de fuego, son herramientas que cumplen una función: son objetos innanimados, multiplicadores de fuerza de quienes las empuñan. Su efectividad depende del uso que le da quien la sujeta, como las consecuencias derivadas del accionar de dicha herramienta.
Así como un arma de fuego multiplica la fuerza de la mujer que defiende su vida de los golpes de su ex pareja de 120 kilos que la quiere matar, el taser proporciona una opción menos letal para que un agente policial pueda controlar una situación peligrosa y reducir a un atacante en una zona concurrida. Si se quiere, multiplica en menor escala, la fuerza. Le da una opción intermedia.
Eso si, es una herramienta para la reducción del atacante, no para la defensa efectiva contra una agresión violenta. Jamás podrá reemplazar al arma de fuego ni los usos de esta en un enfrentamiento. Los tasers también requieren preparación y, sobre todo, juicio al momento de ser usadas. Distancias, obstáculos, tiempos y una infinidad de factores deberán ser tenidos en cuenta y esto requerirá un reentrenamiento del personal, una revisión de protocolos y mejoras sustanciales en la mayoría de los aspectos policiales que, hasta hoy en día, no se están viendo en la calle.
Como toda herramienta, cumple una función específica y no es aplicable a todas las situaciones. Un martillo no puede ser reemplazado por una tenaza, por ejemplo. Las armas de fuego cumplen su función como multiplicadores de fuerzas y no podrán ser reemplazadas, de momento, por nada existente.
Para quienes se preocupan por el marcapasos o la posible epilepsia de los delincuentes sería interesante que les planteen un cambio de vida y que no salgan a delinquir si tienen esas patologías. Es más, los diputados y senadores, lo políticos preocupados por la salud de quienes lastiman a otros, deberían ayudarlos públicamente y de su bolsillo. Si no desean estar a merced del taser o de las armas de fuego, que no salgan a delinquir. Es simple. Si desde el 2010 se hubiese aceptado el uso de tasers, si los grupos de izquierda y derechos humanos, si los desarmistas no hubiesen actuado como lo hicieron, quizás el criminal abatido por Chocobar hoy hubiese podido estar vivo para ser juzgado por las más de doce puñaladas que le dio al turista en su intento de asesinato…