Un pequeño paso para Brasil, un gran paso Latinoamérica
Gustavo S. Rubio
El torpedo que impactó debajo de la línea de flotación del Buque Cañonero Desarmista que asolaba impunemente las costas constitucionales latinoamericanas desde hacía más de quince años, partió desde el palacio presidencial de Planalto, en tierras brasileras, el día martes 15 de enero de 2019 rondando el mediodía local. El recién asumido presidente Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó un decreto, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña, permitiendo la flexibilización de la posesión de armas de fuego. Si, así es, el populismo antidemocrático del Foro de San Pablo recibió un golpe de knockout.
Trayendo a colación el referéndum realizado en 2005 en donde el pueblo brasilero expresó su opinión (63% a favor del comercio y tenencia de armas), Bolsonaro recordó, para horror de los progre periodistas, miembros de ONG$ turbias y detractores varios que “El pueblo decidió que quería comprar armas y municiones. No podemos negar el derecho a la legítima defensa”
Pero la cosa no terminó ahí. Si bien el decreto entra en vigor apenas sea publicado en el Diario Oficial de la Unión, el presidente brasilero agregó por las redes sociales: “Por mucho tiempo, el Estado determinó quién tenía o no derecho a defenderse a sí mismo, a su familia y a su propiedad. Hoy, respetando la voluntad popular manifestada en el referéndum de 2005, devolvemos a los ciudadanos brasileños la libertad de decidir”, marcando el rol opresor y arbitrario que había estado jugando el estado durante los años oscuros que reinaron en América Latina en las primeras décadas del siglo XXI.
Si bien el decreto de “rearme” no es para festejar descorchando champagne premium, es un gran paso en la dirección correcta. Es la primera vez en estos últimos años, que un gobierno latino reconoce sus limitaciones (obviadas ideologicamente por el caudillismo histórico y casi monárquico tan arraigado entre los políticos mesiánicos de Sudamerica) avalando que la gente pueda defenderse llegado el caso.
En líneas generales la intención del decreto es flexibilizar el nefasto “Estatuto sobre el Desarme” de 2003 (sueño húmedo y guía de los de$armistas), que restringía el acceso y creaba varias trabas administrativas para habilitar la tenencia, que se focalizaba ( y focaliza si escuchamos a la RAD, INECIP, APP y demás voceros del buque cañonero del desarme civil) en las personas dentro de la ley y ataca sus derechos individuales tergiversando cifras y manipulando arteramente el discurso sobre seguridad y crimen vendiendo una mentira para mantener en el poder a personalidades nocivas para las libertades individuales.
Si bien la medida está lejos de ser una legitimación profunda y concreta del derecho a tener y portar armas legalmente en Brasil, no deja de ser un paso indiscutible y firme hacia el lado correcto. El primero de muchos según se lee por ahí.
Lamentablemente sigue vigente para uso civil brasilero los calibres marginales con potencia inferior a 300 libras/pie para armas cortas (el máximo es el .38 Special para revólver y .380 para pistolas – el “9 corto”) o 1000 libras/pie para armas largas estriadas (en la práctica, el máximo permitido es el .44-40 Winchester. El .30 M1 seria permitido, pero como aún es de dotacción de las Fuerzas Armadas, las autoridades lo prohiben). Para escopetas, el máximo permitido es el calibre 12, pero en este calibre los cañones con menos de 24 pulgadas (61 cm) está prohibidos. En calibres inferiores de escopeta no hay restricción a la longitud del cañón pero partir de ahora, por ejemplo, el plazo de validez arbitrario del permiso de posesión es de 10 años en vez de los 5 que eran hasta el martes.
La ley de armas de Brasil, llena de trabas y obstáculos, permitía tener armas en casa a los mayores de 25 años sin antecedentes criminales, con una ocupación lícita, capaces de comprobar la capacidad técnica y psicológica para su uso y de justificar su necesidad (condiciones muy arbitrarias y sometidas en extremo a la postura discrecional del funcionario de turno) La medida firmada por Bolsonaro técnicamente desglosa las categorías para “justificar la necesidad” listando de manera clara los condicionamientos para la adquisición de armas de fuego de uso permitido, considerando la “efectiva necesidad” en las siguientes hipótesis:
I. Agentes Públicos, incluidos los inactivos ( de la zona de seguridad pública, integrantes de las carreras de la agencia brasileña de inteligencia, de la administración penitenciaria, del sistema socioeducativo – siempre que se llenen en las unidades de hospitalización a las que se refiere al inciso vi del cap del art. 112 de la ley 8.069, de 13 de julio de 1990, y los implicados en el ejercicio de actividades de poder de policía administrativa o correccional en carácter permanente)
II Militares activos y inactivos
III – Residentes en zona rural
IV – Residentes en zonas urbanas con altos índices de violencia, así como las unidades federales con índices anuales de más de diez asesinatos por cien mil habitantes en el año 2016, según los datos del Atlas de la Violencia 2018, producida por el instituto de investigación económica aplicada y por el foro Brasileño de seguridad pública.
V – Titulares o responsables legales de establecimientos comerciales o industriales.
Vi – Coleccionistas, tiradores y cazadores, debidamente registrados en el comando del Ejército.
A grandes rasgos, arbitrariedades más o menos, y dejando de lado el siempre presente nefasto privilegio de trabajar para el estado que otorga derechos diferenciando ciudadanos, en la adquisición de armas podrían la mayoría de los brasileños que deseen tener una.
El Artículo 8vo del decreto nos puede hacer ruido “para la adquisición de hasta cuatro armas de fuego de Uso permitido” (¡Sólo cuatro!) pero podemos apreciar que “excluye la caracterización de la efectiva necesidad si están presentes otros hechos y circunstancias que la justifiquen, incluso para la adquisición de armas de fuego de uso permitido en cantidad superior a ese límite, según la legislación vigente.” Es decir, se pueden justificar la tenencia de más de cuatro armas llegado el caso que el interesado demuestre que necesita más (actividades que realiza, por la cantidad de propiedades que tiene, trabajo, etc )
A pesar que Bolsonaro se había mostrado a favor de la portación (llevar el arma en condiciones de uso fuera del domicilio) el decreto no contempló dicho derecho para la mayoría de los ciudadanos dejándolo, en cambio, reservado principalmente a militares, policías y personal de seguridad. Trabajar para el Estado todavía tiene sus privilegios…
Como legítimos usuarios se podrá criticar en mayor o menor medida el decreto, sus alcances y posibles mejoras que se puedan realizar o las arbitrariedades que conserva, pero debemos tener en cuenta que se parte de una sociedad prácticamente desarmada (legalmente) y con un crimen creciente que pone en jaque al pueblo brasilero favorecido por las políticas populistas de desarme civil desde hace años. Esta medida de Bolsonaro pone en el centro de la solución al problema de la inseguridad a la posibilidad de tener victimas que se puedan defender. Ahí radica el cambio de paradigma. El individuo tiene derecho a la tenencia de armas y el Estado debe reconocerlo y facilitarselo. Punto, no hay otra.
El mandatario siempre defendió la posesión de armas “para personas de bien” como un modo de combatir la ola de violencia y como lo dijo en su primera entrevista como presidente: Con la flexibilización “podés estar seguro de que la violencia va a caer”. ¿Capricho como lo pintan los progresistas? ¿Inconsciencia como intentan denigrarlo los de$armistas? Nada de eso. Datos puros y duros. En su programa electoral, Bolsonaro definió las armas como “objetos inertes que pueden ser usados para matar o salvar vidas” basado en que países como Estados Unidos, Alemania, Noruega o Suiza “hay armas de fuego en casi todas las casas”, con índices de violencia menores que en Brasil, que registró en 2017 un récord de 63.880 homicidios: un promedio de 175 por día y tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes.
Como era de esperarse, los mentirosos y antidemocráticos de siempre mostraron su “indignación” (no mostraron datos, solo su caprichosa postura subjetiva) frente al decreto firmando el domingo anterior (una decena de organizaciones y movimientos sociales (¿?), entre ellas el Foro Brasileño de Seguridad Pública) considerando que la flexibilización de la posesión de armas “traerá más inseguridad” y levantando la misma cantinela imposible de demostrar de siempre poniendo la repetida frase mentirosa que “estudios brasileños e internacionales muestran que el aumento de la circulación de armas de fuego se relaciona con una mayor incidencia de homicidios cometidos con armas de fuego” Eso sí, a diferencia de Bolsonaro, los datos de los de$armistas para justificar su postura siguieron ausentes como siempre.
El decreto firmado por Bolsonaro, con sus pros y sus contras si queremos hilar finito, es un paso más en el cambio de paradigma para reencauzar a Latinoamérica en la dirección correcta: el camino de las democracias republicanas. Se dejan de lado políticas que causan muertes, miedo y pérdidas millonarias a la sociedad mientras se devuelven derechos naturales intrínsecos a la dignidad de las personas que fueron robados para apuntalar a regímenes totalitarios de manera histórica.
La República Checa hizo lo mismo que Brasil hace varios años atrás y comprobó una vez más que más armas legales disminuyen el crimen y el delito. Ahora Brasil sigue ese camino para sumarse a los países que respetan al individuo y confían en el. ¿Cuánto falta para que los políticos argentinos acepten esa realidad? Quizás ahora que el ejemplo está cerca, podamos aspirar a que se respeten los derechos de los ciudadanos.
Decilo FUERTE 