Dudas legítimas
Por Gustavo Rubio
El 2019 se termina con más dudas que certezas para los legítimos usuarios. Un cambio de gobierno histórico y el chavismo que antes era una pequeña facción en las trincheras de la oposición ahora se dirime las internas del oficialismo a los días de arrancar.
Más aún, gracias a los votos del Conurbano, ese populismo aguerrido y gritón lleva las riendas de la Provincia de Buenos Aires, eso si, desde el Country Abril. Ya hubo roces entre el chavismo bien marxista de la Provincia y el moderado justicialismo de Nación y fue precisamente en Seguridad. El Doc Berni acusó a la Antropóloga Frederic de no saber lo que significa portar un arma. Empezó suave la relación dentro de la coalición gobernante para sacar el país adelante en esa delicada materia.
Dentro de este contexto de pirotecnia navideña partidaria nos enteramos que la delegación del exRenar de Códoba fue intervenida por irregularidades administrativas y, fundamentalmente, económicas (habría un faltante de un millón de pesos a simple vista) y Dini, el director de la delegación, fue despedido. La Justicia Federal cordobesa que investiga el tema anunció que habría empleados que supuestamente habrían actuado en complicidad con Dini para eventualmente cometer un gran desfalco con la infinidad de costosos trámites arbitrarios a los que los legítimos usuarios somos sometidos. También se investiga si habrían expedido trámites que no estaban completos, es decir, credenciales truchas.
Un ejemplo más de los famosos kioskos y curros surgidos de las turbias políticas de desarme civil que venimos advirtiendo desde tiempo y que el nuevo gobierno de Alberto Fernández debería cortar de una vez por todas sabiendo como buen abogado, que la tenencia legal de armas en Argentina está garantizada por la Constitución. Cada nueva regulación o traba es un peaje en potencia, una semilla de la corrupción que el nuevo presidente se comprometió a combatir con fuerza en el discurso de su asunción.
La investigación interna del ANMAC comenzó en agosto cuando al detectarse un faltante de dinero, la dirección nacional del exRenar, a cargo del Dr Eugenio Cozzi, dispuso inmediatamente la intervención de la agencia de Córdoba y una auditoría interna.
Muy distinta la actitud y accionar si lo comparamos a la ex directora del ANMAC, la Dra Natalia Gambaro (desplazada por irregularidades en la licitación millonaria de los psicofísicos con una empresa ligada a camioneros) quien fuera la persona que designó a Dini al frente de la delegación cordobesa en el 2016.
El escándalo es que Dini, con la ayuda de algunos empleados, habría emitido las CLU y las credenciales de portación de armas sin haber comprado las estampillas requeridas para validarlas según la ley aunque quien hacía el trámite las pagaba ( dicho trámite cuesta entre 6000 y 7000 pesos) y asi se habrían quedado con el dinero. Asimismo y según se supo, empleados de la delegación habrían especificado una serie de tramites truchos también realizados en esas fechas. Todo esto propició la inmediata denuncia correspondiente de la actual dirección del exRenar.
El kiosquito estatal de manual que la nueva administración del país prometió erradicar..
Pero a dichas irregularidades desprendidas del abuso de autoridad, lamentablemente muy frecuentes en los organismos de control arbitrarios en la Argentina debemos sumarle uno más: la supuesta entrega de listados para el robo de armas a civiles.
Si bien se sabe que el principal proveedor de armas al mercado negro es el Estado con los robos a sus arsenales y lugares de custodia, venta de armas en fiscalías, y un etc para todos los gustos, la Agencia Nacional de Materiales Controlados dejó de lado su función meramente registral que tenía cuando se llamaba RENAR y pasó a ser un organismo de control social. Es decir, que su preocupación dejó de ser la seguridad de sus datos y pasó a ser otra cosa, incumpliendo así su objetivo principal: el cuidado de datos sensibles.
Para ponerlo en palabras del actual presidente de la nación, la Agencia, desde su creación dejó de lado “el cuidado de la gente”
Desde la creación del Anmac han sido cada vez más frecuentes las noticias de entraderas a las casas de legítimos usuarios en busca de material específico. En algunos casos con listado impresos.
La única reacción del Estado frente a esta modalidad de robo tan particular ha sido el redoblar las exigencias arbitrarias en seguridad pedidas a los civiles, invirtiendo la carga de la culpa y estigmatizando a las víctimas por la tenencia de armas en lugar de evitar que esos robos sucedan. Es como si a una mujer que sufre una violación el Estado le exigiera que evite usar minifaldas.
Así de cínicas son las leyes que nos viene marcando la vida hasta ahora.
Lo último de esta modalidad ocurrió este fin de semana en un campo de la localidad de Murphy, sobre la ruta 33, en Venado Tuerto.
Cuatro delincuentes armados y encapuchados entraron a la una quinta, maniataron y golpearon a todos los integrantes de una familia. Se llevaron 10 mil pesos en efectivo, dos alianzas de oro y el CPU con las grabaciones de la cámara de seguridad que hay en la casa (no eran improvisados) un teléfono celular y una camioneta, que luego fue hallada en Rosario. Lo que más llama la atención es que robaron 30 armas de grueso calibre, registradas, que estaban en la casa, y que no fueron encontradas.
Si vemos el botín, fueron por las armas.
Otra vez.
Por un lado tenemos el caso de Córdoba en donde un delegado de jerarquía y algunos empleados están implicados en un escándalo de un desfalco millonario y preocupante también por la emisión de credenciales truchas. Por otro lado siguen los robos de armas a legítimos usuarios con datos precisos.
Pero no son casos aislados, son casos que hacen al espíritu imperante desde hace décadas: el nefasto e inservible desarme civil.
La nueva Ministro de Seguridad, como académica, bien lo sabe: si fuera como lo venden los mentirosos desarmistas, con más de 800 mil de argentinos armados legalmente el país seria un baño de sangre. Aún así, con esa verdad irrefutable e innegable, se le exigen un montón de cuestiones, arbitrarias en su mayoría, a quienes no generan ni son problemas para nadie pero después el Estado es quien no cumple con su deber ya sea robándole el dinero a través de trámites (innecesarios en su mayoría) a medio hacer como el caso de Córdoba o no protegiéndolo como sucede con las entraderas con un listado que no debería salir de las bases de datos del Estado.
Y solo se nombra a dos, porque seguramente no faltarán los tribuneras intentos de sumar disposiciones futuras exigiéndoles más medidas irrisorias a los legítimos usuarios para no hacerse cargo de las fallas en seguridad que dejaron años de ideología anticonstitucional.
En el caso del Desfalco en Córdoba, el actual Director actuó con la celeridad que ameritaba. En los robos con listado seguramente veremos novedades en algún momento dado.
Las dudas que ahora surgen son las siguientes : ¿qué hará el nuevo gobierno?¿mantendrá al actual director que está rumbeando las cosas dentro de la abusada ANMAC? ¿Le dará la libertad que Garavano no le dió para que pueda actuar bien? ¿O pondrá a alguien de la talla de Gambaro para seguir decayendo gracias a las mentirosas políticas de desarme civil que aumentan el delito, los crímenes y la corrupción?
Lo único que pido como Legítimo Usuario, es que Alberto Fernández cumpla con lo que prometió y sea el primero que concuerde con quienes estamos dentro de la ley, hacemos cosas bien y venimos siendo muy solidarios desde hace años.
¡Felices fiestas! Molón Labe .
Decilo FUERTE 