Caos canadiense

 

Caos canadiense
por Gustavo Rubio

En Canadá, hasta el dia de hoy, hay que pasar una serie de requisitos para obtener una licencia de tenencia que iba desde: idoneidad en el manejo de armas, una evaluación de riesgos personales (lo que el burócrata de turno se le ocurriera), contar con dos recomendaciones de usuarios de armas, autorización de la pareja y certificado de no contar con antecedentes policiales. No se entregan permisos de portación, está prohibida la tenencia de armas cargadas en la casa, sólo se permiten cargadores con diez municiones en las armas de puño y cinco en los rifles. No se permite la tenencia de armas para defensa, solo para deporte o caza, y si se llegara a usar un arma legal para defensa, por más legítima que la acción resultase, es considerado como un mal uso de arma de fuego, un agravante, y corresponde el tratamiento de la víctima que se defendió como si fuese un criminal…
Estas leyes restrictivas no surgen después del incidente en Nueva Escocia a mediados de abril del 2020 en donde Gabriel Wortman, el técnico dental de 51 años y vestido con el uniforme autentico de la Policía Montada, murió después de haberse escapado y tiroteado con las fuerzas de seguridad durante 12 horas. Ni surgen del saldo del operativo fueron alrededor de 20 muertos, muchos de los cuales perecieron luego de que el agresor prendiera fuego a varias viviendas. Las leyes arbitrarias enumeradas al principio surgen de un incidente ocurrido en 1989 que llevaron al gobierno de aquel entonces a centrarse en la restricción de derechos y libertades para evitar situaciones como la ocurrida el pasado abril.
Queda más que claro que no sirvieron, ni sirven, para nada de las razones que se esgrimen para imponerlas.
Pero “no hay que desperdiciar la oportunidad que brinda una crisis” es el lema que esgrime el “progresismo” desde las manifestaciones por despidos que cortan las calles en Buenos Aires hasta los confusos tiroteos en Portapique, Canadá para apelar a las emociones y urgencias que surgen de estas situaciones. Nada urge más que la premisa de “hacer algo al respecto” en plena crisis. Se debe vender algo al público, a la tribuna, mostrar que se está haciendo algo desde el Estado, para poder llevar agua para el molino ideológico que si no fuera por las crisis que exacerba siempre encuentra en la Constitución un obstáculo muy difícil de sortear para cumplir con su agenda impuesta.
Esa patología de creerse dioses que tienen muchos en la función pública tiene más que ver con acumular poder y no con el fin de ayudar al otro. Jamás se les ocurriría, con todas las reglamentaciones y leyes arbitrarias existentes, decir que estos hechos son hechos aislados. No, nunca desperdiciarían una oportunidad para generar mayor dependencia y control sobre los ciudadanos. El desarme civil no es para controlar a los criminales ni mantener a salvo a la gente. El desarme civil es para asegurarse una masa de personas dependientes ya sea del poder político de turno, el candidato de las próximas elecciones, un partido político o una oscura ONG que vive de los fondos públicos. Cuanto más armas legales haya, menos poder tendrán sobre las personas ya que no dependerán de las políticas públicas para defender sus hogares, habrá menos criminales que justifiquen presupuestos enormes y el mantenimiento policías afines, y llegado el caso, menos posibilidades de imponer a la fuerza la visión facciosa de un país pasando por encima a la Constitución Nacional.
Una forma que tienen esos grupos de personas turbias es que la gente, movida por el miedo y las emociones, la sensación de vulnerabilidad, entregue voluntariamente sus derechos en pos de un discurso bonito con una promesa imposible de llevar a cabo y basado en una mentira muy bien maquillada. No se puede eliminar el peligro, la maldad, con un papel. Sobran los ejemplos de esto: las mujeres golpeadas que terminan muertas por sus ex pero con una orden de restricción otrogada por el Estado, los atentados en zonas donde las armas están prohibidas por leyes arbitrarias, los muertos por picadas de autos en calles donde hay carteles de límite de velocidad y cámaras de seguridad pública…
El gobierno canadiense tardó 12 horas en detener (abatir) al agresor en esa zona rural y muchas de sus victimas estaban desarmadas o quizás tenían sus armas legales pero no estaban en condiciones inmediatas de uso porque seguían las leyes vigentes. Los gobiernos fallan, son humanos y quedó demostrado con las victimas de Nueva Escocia. La realidad no puede ser callada: el gobierno no puede estar todo el tiempo, en todos lados. No se hace una sociedad fuerte debilitando a sus ciudadanos. ¿Cuántas de esas víctimas podrían haber sobrevivido si hubiesen tenido la chance defenderse hasta que el Estado recurriera en su ayuda? Nunca lo sabremos porque fue el mismo Estado canadiense quien les quitó esa posibilidad en 1989.
Como todos los políticos que se esfuerzan por fortalecer al Estado y debilitar a la gente, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, no perdió el tiempo al promover una prohibición de armas a nivel nacional después del incidente de Nueva Escocia. Todo esto llevado a cabo sin que pase por el Parlamento debido a que la legislación se puede poner en práctica convenientemente de facto debido a las atribuciones que el aislamiento de la pandemia propone. Entre las armas de fuego semiautomáticas que, según los informes, están prohibidas se encuentran la AR-15, Ruger Mini-14, CZ Scorpion, Swiss Arms Classic Green, Beretta Cx4 Storm, Robinson Armament XCR y Sig Sauer SIG MCX, junto con otras similares.
Ahora bien, los informes indican que 9 de las 22 víctimas de ese “asesinato en masa” ocurrido durante las 12hs de persecuciones y tiroteo entre la policía y el agresor, fueron asesinadas en incendios no provocados por disparos, ¿Trudeau buscó la prohibición de fósforos, encendedores y material no ignífugo? No importa lo tonta que parezca esta pregunta, es tan lógica como la prohibición propuesta de armas de fuego semiautomáticas.
Como es el caso con todo el control de armas, solo las personas dentro de la ley se verán afectadas. El asesino canadiense no poseía legalmente las armas que usó en su crimen. Quienes estén tan decididos a matar que se toman la molestia de hacer una réplica de un coche de policía para cubrirse durante su raid criminal encontrarán armas sin importar lo que dicten las leyes. Las armas son más fáciles de contrabandear que las drogas (pasó en Canadá en el 2015 cuando un hombre ingresó más de 100 armas ilegales a través de pedidos biblioteca pública) y las prohibiciones de estas últimas nunca han interrumpido la disponibilidad para quienes las demandan.
Pero lo peor de todo es que esta nueva prohibición de más de 1500 armas se venía planeando desde marzo del 2018 cuando el primer ministro canadiense había ordenado a sus ministros que examinaran la prohibición total de las armas de mano y las “armas de asalto”. El mismo Trudeau emitió una carta de mandato a Bill Blair, el ministro de Seguridad Fronteriza y Ministro de Reducción del Crimen Organizado, para trabajar con el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, para crear políticas, regulaciones y legislación sobre el control de armas. La carta de mandato de Trudeau decía: “Debería llevar a cabo un examen de la prohibición total de armas cortas y armas de asalto en Canadá…”
En la misma fecha, el director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Deportes de Tiro, Tony Bernardo, respondió a la noticia del control de armas diciendo que “es muy decepcionante que un gobierno electo se las agarre con dos millones de ciudadanos respetuosos de la ley que no han hecho nada malo “, expresando su conmoción ante la medida y describió la medida para prohibir ciertas armas de fuego como ‘medidas punitivas’ concluyendo que “no se espera eso en una democracia”. Como respuesta al director ejecutivo Bernardo, la Asociación Canadiense de Jefes de Policía formaron su propio Comité de Propósito Especial para analizar el tema de la violencia armada con más detalle. Es decir, un movimiento de pinzas estatal desde 2018 sobre los derechos de los ciudadanos que no evitó la masacre del pasado mes de abril, tan sólo dos años más tarde de haber ajustado la serie de restricciones que venían desde 1989.
Si bien la histórica legislación canadiense “anti armas legales” se podría definir simplemente como “inútil, innecesaria y antidemocrática” se la puede describir también como “caótica”. Prohibir a los propietarios legales de armas que posean ciertos modelos de armas de fuego no evitó ninguno de los asesinatos en masa en la historia reciente de Canadá: Ecole Polytechnique, la mezquita de la ciudad de Quebec o el del mes pasado en Nueva Escocia. Eso hace que la prohibición impuesta a ciudadanos dentro de la ley sea inútil.
La prohibición anunciada por el gobierno de Trudeau tampoco impedirá los asaltos a bancos o las guerras territoriales de pandillas de narcotraficantes, porque la prohibición solo afecta a propietarios legítimos y los propietarios legítimos, como todo el mundo bien sabe, no son la fuente del crimen.
Pero la prohibición no sólo es inútil sino que es casi imposible de comprender, es caótica. Si bien el gobierno decretó por medio de una “Orden de Consejo” (en lugar de una Ley del Parlamento, una especie de DNU) que alrededor de una docena de modelos de rifles y casi 1,500 variaciones serían ilegales en adelante, en realidad no los prohibió. Al menos no todavía. Si un canadiense dentro de la ley posee una de las “armas malas y aterradoras”, el gobierno le permitirá conservarla por el resto de su vida. Para un joven propietario, eso podría ser 70 años o más. Si, por más irrisorio que sea. Pero esas alrededor de 250,000 armas de fuego de “estilo militar” son al mismo tiempo, según el gobierno, “demasiado peligrosas para la gente común y deben retirarse de la circulación en Canadá lo antes posible para evitar más asesinatos” Sin ahondar en el tema “peligrosas para le gente común” (se ve que si se forma parte del estado canadiense no son “gente común” y son responsables per se) ¿En qué quedamos?
Las acciones son más reveladoras que las palabras sobre la verdadera intención de un gobierno: decir una cosa, hacer otra y mantener un gris que se puede definir para un lado u otros según los vientos que soplen. Oportunismo Siglo XXI.
Van a permitir que los actuales propietarios canadienses mantengan estas armas prohibidas si lo desean, algunas durante décadas y décadas, dejando en evidencia la mentira a la afirmación del gobierno de que “no hay lugar para estas armas en nuestro país (Canadá) y solo estaremos más seguros una vez que hayan sido confiscadas”
Así mismo, partir de comienzos de mayo 2020, los propietarios legales actuales tienen prohibido vender esas armas a otros propietarios. Si ya no los quieren y no quieren conservarlos hasta que mueran, tienen que venderlos al gobierno por un “valor justo de mercado”, según lo decidido por los burócratas de turno. Sin embargo, con el tema de la pandemia del COVID19, Canadá no estará lista con su esquema de recompra por al menos dos años más. ¿Entonces, todos los que tienen una de estas armas demasiado peligrosas para Canadá están “amnistiados” durante los próximos dos años? ¿Esas armas dejan peligrosas por dos años hasta que el gobierno las pueda comprar? ¿Cuál es el sentido de salir con esto? Si estas armas en particular son demasiado peligrosas para estar en manos de cualquier persona en Canadá, que es la justificación del gobierno de Trudeau para prohibirlas, entonces, ¿cómo los hace más seguros dejarlas todas en manos de los mismos propietarios de armas durante ese tiempo?
Por supuesto, no se trata de lógica o seguridad o de reducir la delincuencia. La prohibición se trata únicamente de impresionar a los votantes “progresistas” con la apariencia de que los funcionarios están haciendo algo para reducir la violencia armada. Todo es humo para la tribuna y espejitos de colores mientras los derechos se pisotean.
Si un canadiense posee un “arma prohibida”, a partir del viernes pasado ya no podrá disparar ni cazar ni transportarla a ningún lado. Ni siquiera puede usarla en un polígono habilitado. Según Ed Burlew, uno de los principales abogados expertos en armas de fuego de Canadá, la Orden de Consejo tiene una redacción tan vaga que no solo se prohibirán los rifles, sino también muchas escopetas, a pesar de que el gobierno había prometido con anterioridad que las escopetas no se verían afectadas. Burlew explica que debido a que muchas escopetas pueden disparar municiones de calibre considerable, y porque el tamaño de la munición es una de las formas en que el gobierno suele definir arbitrariamente qué armas prohibir, la orden de los progresistas podría terminar prohibiendo hasta dos millones de escopetas… Quizás incluso “caótico” no sea la palabra correcta para definir el oportunismo de Trudeau y los desarmistas progresistas para meter a la fuerza un control social aun mayor en Canadá.
Los políticos locales, los elitistas y los que se piensan intocables, junto a los desarmistas de ONGs turbias seguramente insistirán en señalar las prohibiciones de armas de Canadá como ejemplo a seguir en nuestro país. La diferencia entonces radicará en la voluntad de las personas, en la de los legítimos usuarios. Recordemos que somos un país que nació de la rebelión al yugo impuesto, el rechazo a los privilegios de una casta que oprimía a otros, del sueño de libertad. Eso está en nuestra sangre, en nuestra Constitución. Es nuestro derecho, ya sea por el nacimiento en este suelo o cuando se adoptaron esos principios por elección. La libertad y el derecho a la tenencia de armas están consagrados para siempre en la Constitución Nacional.
Sabemos la movida que está pasando en Canadá, sabemos que puede intentar replicarse acá.
Estemos atentos.