Lo que esconden las Tasers

Lo que esconden las Tasers
por Gustavo Rubio

La muerte absurdamente evitable del oficial Inspector Juan Pablo Roldan, caído en cumplimiento de su deber víctima no solo de la implacable Regla de Tueller (a seis metros un cuchillo tiene ventaja por sobre un arma de fuego), hizo sonar las alertas sobre la desprotección gubernamental que sufre la sociedad deteriorada en la que sea ha convertido Argentina y puso en foco en la pobrísima labor del Estado al respecto de la seguridad ciudadanana.
La desprotección con la que cuentan quienes deben velar por la seguridad pública, no sólo en la falta de materiales ( falta de armas menos letales de incapacitación, chalecos y vestimenta de protección, etc) la falta de entrenamiento a la altura de la labor a la que están obligados a cumplir (falta de prácticas constantes de artes marciales y tiro, diálogos y comunicación para descalar conflictos, etc) sino, por sobre todo, a la ideologización de la Seguridad y la Justicia. Dicha ideologización protege y justifica a quienes eligen el camino del crímen y la delincuencia en desmedro de la vida de victimas y fuerzas de seguridad (todavía se prohíbe el usso de munición expansible que permite la transferencia de energía y evita la sobre penetración que puede dañar a terceros).
Este contexto de absurdo imperio de la ideología por sobre la razón y la lógica humana hace que aquello que está bien o está mal pueda ser debatido sin argumentación que avale la postura ideologizada. La relativización de la lógica es letal.
Es imperativo que se dejen de lado los experimentos ideológicos, mucho de ellos de una matriz colectivista-totalitaria, en el plano de la Seguridad y la Justicia y se brinde un marco real, legalmente lógico y práctico en donde quienes deben defenderse de los malvivientes, aún más si son encargados de proteger a la sociedad, puedan hacerlo.
En cualquier otra parte del mundo Roldán hubiese tenido las herramientas de trabajo y el apoyo institucional para hacer lo que la situación ameritaba y regresar a su hogar con vida, más aún en aquellos países como la Argentina en los cuales directamente se prohíbe, estigmatiza y prácticamente se castiga la tenencia y portación civil de armas de fuego para la defensa.
Acá no sólo el Estado incumple su función básica de defender a la sociedad sino que impide que los ciudadanos se defiendan. Un error terminante incluso desde la ideología abolicionista imperante. Mientras el foco fueron las “tasers” , hábilmente se dejó de lado el problema principal: el desarme civil que por un lado mata y por otro busca crear dependencia estatal. Sobran los ejemplos de los países en los cuales el gobierno desarmó a la población. Quizás los más notables sean la Unión Sovietica, Alemania nazi, la China de Mao y la Cuba revolucionaria entre otros, dejando a Venezuela como el más reciente y claro modelo político de opresión social por medio del miedo y la fuerza paramilitar. Los que une esos variados países a través de las épocas y los continentes es la idea de un individuo que no se puede valer por sí mismo y resulta peligroso en su libre albedrío si no se lo controla. Conceptos bien colectivistas llevados a la practica a través del socialismo en todas su variantes e incluso convive en muchos países europeos “progresistas” que, siguiendo sus históricos orígenes monárquicos, despojan al pueblo de sus derechos de individuo libre para poder tener un arma de fuego para poner en el Gobierno de turno el monopolio de la fuerza y no en el Estado (gobierno más ciudadanos)
Pareciera ser que la Libertad se cuida con menos libertades individuales. En ambos destinos de ese péndulo nos encontramos con un ataque al individuo basado en una desconfianza plena de su poder de decisión e interacción social, un miedo evidente del gobierno a la autonomía e independencia del ciudadano y una soberbia impostada que juega con las vidas de los más débiles. Un viejo axioma reza: el control de armas no es acerca de las armas, es acerca del control social.
¿Pero qué consecuencias tiene ese control sobre los gobiernos democráticos? ¿Cuáles son los problemas políticos del desarme civil?
Más allá de la muerte de integrantes de las fuerzas de seguridad por lo antes enumerado y leyes obsoletas, el atropello a los derechos y libertades individuales, garantizados en la Constitución Nacional y derivados del derecho natural, derivados del desarme civil impulsado por OINGs turbias como la RAD, INECIP, etc, generan los siguientes problemas en el Estado Argentino: se generan y afianzan mafias, aumentan los crímenes violentos y la ilegalidad, aumenta el tamaño del Estado y sus costos, se destruyen fuentes de trabajo y la generación de empleos.
1. Mafias
Las mafias encuentran en el desarme civil una ayuda fundamental para consolidar su poder y generar nuevos focos de corrupción. Dejando el evidente beneficio que les trae al narco, gracias al desarme de los honestos, los focos mafiosos policiales pueden operar sin problemas pidiendo protección a los comercios ya que la gente honesta no se le permite armarse, liberando zonas para que roben sin problema, tomen terrenos, casas para venta de droga, etc. A su vez, los negociados con el poder de turno tienen un horizonte sin límites que va desde la generación de acuerdos de prestaciones médicas para limitar la cantidad de usuarios de armas, monopolizar el pago de incentivos anónimos para la entrega de armas y la venta de municiones y armas legales, conferencias y charlas de grupos anti armas que viven del Estado y que no son gratuitas precisamente, desapariciones y alquileres de armas de dotación etc.
2. Delitos y crímenes
La mentira del desarme civil es un gran negociado que no disminuye el crimen ni el delito ya que no ataca al sector que los genera: los que están fuera de la ley. Es más, lo acrecienta porque se focaliza en los ciudadanos honestos ya que la violencia criminal toma fuerza al encontrase a sus víctimas indefensas. Los criminales no le temen ni a la justicia ni a la policía, le temen a las víctimas que se puedan defender.
3 Aumento de impuestos o endeudamiento
Debido a lo anterior, el político de turno se ve obligado a dar una respuesta a las demandas de la población oprimida por el crimen y esa respuesta siempre es más presencia policial. Como una mquina de hacer chorizos, los políticos sacan personal policial sin el equipamiento ni entrenamiento adecuado. Sería como arrojar más manzanas al cajón cuando se ven que algunas naranjas están podridas. Incluso suponiendo que las mafias policiales no existen (imposible) la urgencia política en aumentar el personal estatal en seguridad hace que no sólo disminuya la calidad de entrenamiento de los mismos sino, que fundamentalmente aumenta la carga impositiva para financiar un medida política que tarde o temprano va a fracasar. Más policía implica más impuestos o deuda, porque si no se aumenta el presupuesto o no se puede incorporar más personal o ese personal estará mal entrenado y equipado.
4. Destrucción de puestos de trabajo
El mundo de las armas legales generan una cantidad enorme de fuentes de trabajo directas e indirectas que muchas veces no son tan evidentes. Desde cientos de artesanos que producen accesorios e indumentaria hasta fabricas de armas y municiones, pasando por PYMES e instructores, personal de mantenimiento de clubes, prensa, y un etc infinito. Esa industria invisible y que bien podría apuntalar la economía de manera eficiente y efectiva, se ve afectada arbitrariamente por políticas mentirosas que buscan el impacto mediático de la corrección política.
5. Estigmatización del honesto
Por lo anterior, el desarme civil ataca a las personas dentro de la ley. Ciudadanos que hacen las cosas según la ley y que son marcados como causantes de la violencia criminal, desconociéndose derechos como los de la legítima defensa o el trabajo digno. Son rebajados a criminales por el hecho de usar su libertad y elegir tener un arma registrada en una acusación mediocre y aberrante por parte del gobierno de turno que no soluciona el problema de la seguridad.
Los puntos anteriores pueden ser ejemplificados con lo que ha venido pasando desde el 2004 en Argentina. Investigaciones judiciales han desbaratado bandas de policías que estaban en el narcotráfico, ofrecían protección a comercios y secuestraban mientras la otra parte policial, los funcionarios como Roldán mueren absurdamente por no tener ni el entrenamiento ni el material adecuado. Robo de armas entregadas e incautadas en un par de provincias. Narcos acribillando casas de denunciantes sin que la policía aparezca. Jubilados golpeados hasta quedar desfigurados en un robo. Secuestros. Piratas del asfalto. Y esto tomando por arriba los hechos repetidos a lo largo de los años
Cada vez que sucede un “hecho de inseguridad”, es decir un hecho delictivo, y la victima del malviviente elige defenderse causando daño al agresor, desde los medios se repite, casi como un espasmo cerebral automatizado, la frase “el estado tiene el monopolio de violencia” como sentencia acusatoria que recrimina al individuo el instinto de supervivencia. El dedo acusador recae sobre quien ejerce la legitima defensa (repeler o impedir una agresión ilegítima) tratando de mostrar algo de erudición al momento de justificar e imponer un postura personal de quién se encuentra protegido por el escudo que da la exposición mediática o la función publica.
Quien acuñó ese concepto fue filósofo, economista y sociólogo alemán Maximilian Carl Emil Weber en su obra La política como vocación. Ahí dice: “Se define el Estado como la institución que posee el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio” Por lo tanto el estado a nivel sociológico quedaría definido por el simple hecho de controlar el acceso a la violencia física. Para Weber no lo es lo que nutre al Estado únicamente, aunque sí afirma que es una forma específica elegida por la cual controla a sus individuos. Es importante destacar que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, mecanismo de control que evita la muerte del estado y la aparición de la anarquía que reivindica y establece el uso de la violencia por parte del Estado. Esa legitimidad está dada por los individuos que lo conforman quienes delegan en el Estado parte de sus derechos y adquieren obligaciones para mantener una sociedad organizada dentro de normas establecidas.
Ahora bien, el mal uso de la frase “el monopolio de la violencia” en Argentina existe por dos razones: se confunde estado con gobierno de turno y no se toma al individuo como eje basico y fundamental de la sociedad. Ambas razones llevan a que la obra de Weber sea mal utilizada para tratar de justificar la mentira desarmista de que se es moralmente superior si la gente honesta se deja agredir por los delincuentes. Esa semilla de moralina predicada desde la seguridad del barrio privado o la custodia personal es la semilla de concepcion del estado como una sociedad colectivista en donde las libertades y derechos del individuo se diluye frente a las herramientas de un gobierno cada vez más peligrosamente totalitario. Y es asi que “El estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.”
Ese monopolio de la violencia mal entendido le viene costando a la Argentina miles de millones de dólares mal invertidos en una fuerza de seguridad enormemente numerosa y completamente ineficientes respaldados por políticas ineficaces. Cantidad no significa calidad. Ese monopolio de la violencia mal entendido y promocionado por los desarmistas les cuesta a la Argentina decenas de vidas que se pierden o destruyen a diario. Ha costado miles de victimas inocentes que se podrían haber salvado si los que nos gobiernan no hubiesen escuchado las mentiras vendidas por los desarmistas con su agenda turbia y sus intereses privados que buscan un control total sobre el otro, atándole las manos y quitándoles las herramientas para defenderse… Esa mala interpretación del concepto ha hecho del gasto público un despilfarro atroz e indecente en politicas chabacanas de seguridad y un “exterminio” sistematico de inocentes que se podria haber evitado.
En el 2019 el libro “La política como vocación” de Weber va a cumplió 100 años de su primera edición y estaría muy bueno que quienes opinen y legislen sobre la vida de los demás le peguen una leída ya que tiene la solución para los problemas del párrafo anterior. Si bien las fuerzas de seguridad y de defensa son los principales instrumentos para ejercer ese monopolio, pero para decepción de los mentirosos desarmistas, esto no significa que sólo la FUERZA PUBLICA deba ser usada para combatir la inseguridad: la FUERZA PRIVADA se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado dentro de sus leyes (Constitución, codigos penales, etc). En su teoría, Weber no se circunscribe a que sólo el gobierno utilice la violencia a traves de sus instrumentos de seguridad y defensa, sino que los individuos y organizaciones que pueden legitimar la violencia o pronunciarse sobre su legitimidad son precisamente aquellos autorizados para ello por el Estado (seguridad privada, legitimos usuarios etc). Así es que la capacidad de usar la fuerza ha sido otorgada por el Estado en la ley que enmarca la “Legitima Defensa” ( Código Penal Argentino (Art.34, inciso 6) y similares, así como la Constitución Nacional y provinciales, etc) y permite a las personas utilizar la violencia en defensa de su vida, de terceros o de los bienes, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado y no el Gobierno.
Lo que esconden las Tasers es que hay un grupo importante, colectivistas y desarmistas, que vienen negando que el Estado somos todos los que estamos dentro de la ley para imponer el totalitarismo.