¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

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¡LIBRE PORTACIÓN DE ARMA YA!
Por Gustavo Rubio

“Libre Portación de armas” es el clamor que se comienza a escuchar en este 2021 que arranca. Es un murmullo que va tomando impulso frente a la apática acción de un Estado desbordado por el exceso de política partidaria y nula respuesta real a las necesidades de la gente.
El cúmulo de atrocidades que la población viene sufriendo de la mano de gobiernos que se miran el ombligo, practican el buenismo de la corrección política y, sobre todo, fallan al momento de aplicar medidas que ayuden al ciudadano común y castiguen al criminal, está llegando a niveles insoportables.
“Tenemos derecho a defender nuestras vidas y la de nuestras familias” reza el slogan que crece a medida que los pañuelos negros se van multiplicando con la calma pero con solidez entre los legítimos usuarios. Es un recordatorio a los representantes estatales que los derechos no son materia de opinión, ni de subjetividad ni de arbitrariedades. Es un llamado de atención, un aviso de que quienes están dentro de la ley no son los culpables de la inseguridad como se los viene estigmatizando desde el 2004.
Pero esto no es un capricho ni una idea trasnochada. Esto tiene su origen desde el momento que el Estado decidió cazar en el zoológico aplicando el ideario de políticas antirrepublicanas enarbolado por la RAD, INECIP y similares para deconstruir un Estado democrático y constitucional e instaurar un régimen totalitario. Pasó en Venezuela, pasa acá. Ante la ausencia de un Estado que proteja a la gente, y además, un Estado que libera a los delincuentes, los ciudadanos exigen que se les respete la elección de ejercer el derecho natural, constitucional y humano de defender su vida, la de su familia y su propiedad.
Usurpando la bandera de los derechos humanos, los gobiernos progresistas se han dedicado a socavar las bases de los derechos de los ciudadanos y a recortar libertades individuales poniéndose del lado de los delincuentes. Tomas de tierras, patotas violentas que cortan calles, castigo a policías y ciudadanos que abaten delincuentes armados son algunos ejemplos.
A esas políticas de seguridad en Argentina se le suma otra para aplacar los animos: humo para la tribuna.
Por  un lado, las Politicas aplicadas a las Fuerzas de Seguridad  suman más al caos reinante que a brindar una solución real y concreta. Convertida en una máquina de hacer chorizos, sacan a la calle efectivos policiales mal preparados y mal equipados, con apenas algunos disparos, cero cursos de comunicación y psicología en resolución de conflictos sociales, y equipados a la buena de Dios. Trabajan a puro coraje y voluntad, expuestos que a la primera situación terminen con un legajo por alguna cuestión de DDHH o, peor, velados por su familia. Se dilapidan así millones de dólares en aportes de los ciudadanos via impuestos al año para mantener una pantagruélica Fuerza mal preparada y peor equipada que no puede siquiera trabajar porque pasaron a ser una fuerza de apoyo político en vez de ser una fuerza de apoyo judicial (con todo lo que ello trae: corrupción, mafias, etc}.
Por el otro lado, otros tantos millones de dólares se van año a año en planes, cursos y propaganda encausada a convencer a la Doña Rosa que la mayoría de quienes parasitan en el Estado hacen algo. Cursos sin fundamento de violencia familiar dado por cualquiera, planes de entrega de Armas sin registro y anónimo, conferencia para cuatro gatos locos de las turbias ONGs mientras inocentes siguen muriendo en Rosario, mujeres son golpeadas hasta la muerte en Florencio Varela o piratas del asfalto afanan camiones a punta de escopeta en Salta.
Otra vez los recursos del estado para fomentar carreras burocráticas de políticos totalitarios de terceras líneas que quieren ascender usando la escalera mentirosa del desarme civil rapiñando fondos públicos de pasada.
Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal,  dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Dejaron descender en la misma fecha para ir tomando impulso de apoco. Los números pueden ser más o menos según se actualicen, pero lo que está claro es que el Estado hace 13 años que está regalando millones de dólares para destruir historia, piezas valiosas de colección y hasta borrando pruebas de algún crimen al no tomar muestras balísticas. 13 años de no darle solución a la gente pero seguir desarmándola frente al crimen.
Otro caso escandaloso es el el tema de la portación. Coincidiendo con la creación de la Red Argentina para el Desarme en el 2004, el Estado argentino ha restringido la acreditación de permisos para portación a los legítimos usuarios. No interesa la idoneidad, ni que el entrenamiento sea mayor al de los agentes que patrullan día a día las calles o que carezcan de antecedentes penales, el Estado orgullosamente colectivista de la Argentina decidió  arbitrariamente no entregar portaciones. Nada oficial eso sí, todo a través de pequeñas trabas administrativas y militancia de la mentira. ¿Bajaron los hechos de inseguridad gracias a esta movida? No. En 2004 los civiles con portación superaban los 7 mil y los muertos por armas de fuego apenas los 2800. Hoy hay apenas una centena de civiles con portación y los muertos superan ampliamente los 3000 y pico.
Los números, sin hilar muy fino, dejan en evidencia una cosa: el Estado argentino dilapida valiosos millones de dólares en recursos que podrían ir a educación, salud o incluso en seguridad por seguir políticas basadas en la mentira y la arbitrariedad que cuestan miles de vidas inocentes al año al dejarlas indefensas frente a los delincuentes y criminales.
Existen más de 900 mil legitimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmsitas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.
Frente a la contundencia de estos números surge la pregunta ¿Por qué razón el Estado argentino NO QUIERE QUE LA GENTE DENTRO DE LA LEY SE DEFIENDA?
El pañuelo negro es, por un lado, la imagen de este cuestionamiento y por otro, el pañuelo negro quizás esté dando la respuesta a esos políticos que no se animan  a ver la realidad: hay un grupo enorme de personas, pacificas y legitimas, que desean defender los valores de la Libertad y la Constitución, que desean cuidarse y cuidar a su familia, el fruto de su trabajo, todo dentro de la ley. Si se libera la portación, por un lado inversión en Seguridad que debería hacer el Estado se reduciría por lo menos a la mitad pudiendo tener personal mejor entrenado, especializado y con mejor material. Por otro, no todos los LLUU van a salir a buscar una autorización para andar paseando un arma de fuego. En EEUU, según la pagina del FBI, sólo el 25% de los usuarios de armas legales tienen un permiso para portar o eligen hacerlo. ¿Si un oficial de policía recién egresado, con un total de entre 5 y 20 disparos en pedana, el Estado lo autoriza a portar un arma sin problema, por qué se le niega lo mismo a un Legitimo Usuario con más práctica?  
La portación legal es una elección, no una obligación; es una responsabilidad y no un capricho; es un derecho de nuestra República y no un privilegio otorgado por el entongue y el amiguismo de un Estado corrupto.
Las armas en manos idóneas salvan vidas. Cuando más tiempo pase con estas políticas desarmistas, más vidas inocentes se perderán asi que la única solución viable es que quienes deseen y estén capacitados puedan portar legalmente. Hace más de una década que se vienen repitiendo políticas erradas, los resultado están a la vista. Cuestan vidas. Es momento de cambiar.

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