Santa Fe o el Descontrol Estatal

Santa Fe o el Descontrol Estatal
Gustavo Rubio


Desde hace años Santa Fe ha sido la prueba irrefutable de que las politícas de desarme civil promocionadas por la Red Argentina para el Desarme y otras ONGs turbias relacionadas como INECIP, APP etc solo sirven para llevar muerte y sangre a las calles de la Provincia. Hasta la fecha no se puede rescatar absolutamente nada de las políticas aplicadas por los diferentes partidos políticos que escuchan a esos desarmistas que no piensan más allá de imponer una ideología contraria a la Constitución Nacional.
Haber seguido los lineamientos desarmistas han convertido a la otrora pujante provincia, cuna de derechos y futuro,  en un sangriento bastión de la ineficiencia estatal a la hora de combatir el delito y el crimen. Santa fe es, a todas luces, el terrible ejemplo de las malas políticas estatales.
Mientras los políticos se las siguen agarrando con los legítimos tenedores de armas, nos enteramos que en la Provincia de Santa Fe, no hay registro de donde fueron a parar casi 900.000 municiones de 9 mm destinadas a las fuerzas de seguridad. A la ola de crímenes, atentados y amenazas narco crece a toda velocidad, hay que sumarle el apartado de desidia estatal.  
Todos los días se ven ejemplo de que la política de seguridad de Santa Fe en manos de Marcelo Saín (quien dijo que los fines de semana se escapa a Buenos Aires porque sino lo “cagana tiros”) está desbordada y es evidente que las mentiras del desarme civil no producen ningún resultado positivo sino las acciones tomadas desde hace más de seis años hubiesen solucionado el problema.
¿Se busca algún cambio? ¿Algún giro de 180º? No.
Los cráneos encargados de la protección ciudadana, desde su pedestal intocable, vuelven a cabalgar contra los gigantes que su locura imagina. Desde la “genialidad” de prohibir la venta de armas legales y munición en 2014 para tratar de combatir la ola de violencia criminal que crecía en la ciudad de Rosario y en la provincia hasta el delirante y obsoleto Banco Balístico que se busca crear, lo que sucede en Santa Fe está enfocado en tapar los errores políticos que no han resuelto los problemas profundos detrás del crimen imperante, que nadie  se entere de muchas cosas y esconder la mugre debajo de las alfombra a ver si se zafa de alguna responsabilidad.
Desde hace rato los funcionarios de Santa Fe se las vienen agarrando con los derechos individuales y los legitimos usuarios sin más fundamento que las opiniones experimentales de un grupito de asesores con una agenda oculta a quienes la seguridad de las personas de a pie le importan bien poco.
Culpar a los Legitimos Usuarios, a las armas legales en manos de ciudadanos que las registran, no sirvió de nada porque el problema no son los ciudadanos. El problema es el Estado.
El crimen no sólo no disminuyó, probando por enésima vez que la culpa no es de los estigmatizados legítimos usuarios, sino que nos enteramos que en Santa Fe se perdieron 900 mil municiones compradas en 2018 para la policía de la provincia. Este número increíble se le suma a las más de 600 armas ilegales encontradas en distintas dependencias policiales tiempo atrás y a un sinnúmero de irregularidades con el alquiler de armas reglamentarias actualmente bajo investigación. Si no se supiera mejor, uno no sabría en donde están los malos de la película.
Pero el escándalo no termina ahí. Si a las casi 900 mil municiones desaparecidas en 28 meses (unas 1032 por dia) de las cuales no hay registro de su uso hasta el momento, le sumamos la desaparición del material militar cuando Rossi era ministro por primera vez (miles de municiones y hasta un misil…) las 400 armas entregadas para su destrucción al por entonces RENAR que desaparecieron de la agencia, armas que desaparecen de juzgados y fiscalías, etc podemos ir dando un perfil más o menos de por dónde viene la mano: El Estado es el gran proveedor de armas y municiones a los delincuentes y criminales.
Fronteras colador o bien aceitadas en dólares, balances dibujados y faltante de municiones, alquileres de armas reglamentarias, el lavador de pruebas que es el Plan Entrega Voluntaria (el anonimato favorece la destrucción de evidencia) y cualquier otra idea que se le ocurra, siempre nos vamos a encontrar con que el Estado, el Gobierno mejor dicho en la mayoría de los casos, es el principal responsable de lo que nos pasa.
Ante esto que sucede en Santa Fe, es bueno dejar en claro que: 
1. El problema de la violencia armada no es culpa de los legítimos usuarios.
2. Las políticas para combatir las armas ilegales están mal enfocadas y vulneran derechos de las personas dentro de la ley, más allá de estigmatizarlos y atacarlos permitiendo que crezcan los abusos, delitos y crimenes.
3. Gran parte de las instituciones encargadas de proteger a la sociedad se encuentran comprometidas, ya sea por la corrupción, ineptitud o aspiraciones políticas, transformándose así en fuerzas que oprimen al individuo y cómplices adecuados de los que eligen estar fuera de la ley.
4. Por lo anterior, existe un uso político de dicha corrupción institucional que deja indefenso al individuo frente a lo peor de la realidad e incluso criminaliza la posibilidad de legítima defensa dejando a las personas como víctimas indefensas frente a lo que el gobierno no puede controlar.
5. El principal proveedor de armas y municiones a delincuentes y criminales es el Estado.

El caso testigo de la Provincia de Santa Fe demuestra, con la sangre inocente de las victimas diarias que se vienen acumulando desde hace años, que el desarme civil mata y es una locura seguir aplicándolo.